Los Estados-Corporación, la Ley Marítima del Almirantazgo, el exceso de aforados en España y los impuestos ilícitos

Cuando uno lo piensa sin los velos de los preconceptos aprendidos o inducidos, se da cuenta de que las leyes actuales nos están robando paulatina y silenciosamente nuestros derechos más básicos y han hecho que ya no seamos propietarios de nada: ni de nuestra vivienda, ni de nuestro negocio, ni del coche, ni de nada, debido a los incontables impuestos, licencias, permisos y tasas que se nos requieren por doquier. Al analizar muchas de las leyes, uno empieza a darse cuenta de que lo que somos se parece más bien a unos meros usufructuarios y que el verdadero propietario de los bienes que pensamos que son nuestros, en realidad es el Estado. Ello se hace patente a la hora de vender, comprar o disponer de cualquier otra forma de nuestros bienes, ya que para validar dicho acto se tienen que realizar un montón de trámites y se paga otro montón de tasas, ya sea al notario o al Registro de la Propiedad, ya sea a la Hacienda o a otros organismos estatales, sin cuya autorización es imposible llevarlo a cabo.

Imagen de Michael Gaida en Pixabay

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Cada día más el Estado, al que hemos sido adoctrinados a considerar una institución de servicio social, nos exige más y más permisos o licencias que regulan todas las esferas de nuestras vidas. La mayoría de esos permisos no tiene el menor sentido o, mejor dicho, tiene un único e inmoral sentido: recaudar impuestos. Es una precarización de nuestros derechos llevada a cabo de forma unilateral por parte del gobierno que, según algunos investigadores del derecho, tiene como propósito implementar de forma paulatina y generalizada la Ley Marítima del Almirantazgo, que no contiene en su estructura básica los derechos inherentes a todo ser humano, sino que funciona en base a permisos, concesiones o autorizaciones, en un claro intento de imponer la dictadura corporativista global.

DUNS España

El DUNS de España

Pero la realidad es que el Estado no es titular de nada público, no es propietario de nada, sino que únicamente gestiona lo público en favor de la sociedad, siendo un mero fideicomiso. Por lo menos en teoría. Sin embargo, los Estados de hoy en día se parecen cada vez más a unos entes privados, a unas corporaciones mercantiles y de hecho incluso tienen un código DUNS, que es un identificador numérico para las entidades de negocio (sociedades mercantiles, consorcios, etcétera) que operan en el comercio internacional. El mismo código de identificación poseen todos los gobiernos de la Unión Europea, la policía, los juzgados y, generalmente, todas las administraciones públicas. En realidad, a partir de 1933 y sin que nosotros lo sepamos, nuestros Estados se han convertido paulatinamente en corporaciones cuyos accionistas son los líderes del Estado Profundo, que está integrado por banqueros y directivos de multinacionales, a los que se añaden algunas familias de la nobleza y monarquías europeas.

Los estudiosos del derecho saben que un ente ficticio jamás puede poseer nada, salvo que sea con el consentimiento de los seres humanos que lo crearon. Sin embargo, en la práctica, los Estados (que son entes ficticios creados por el hombre) nos obligan a todos nosotros a pagar impuestos por nuestras propiedades y por los ingresos obtenidos de nuestro trabajo, intentando mantener el monopolio de las imposiciones por la fuerza y obteniendo sus ingresos no por medio de la contribución voluntaria, sino casi siempre por coacción y llegando muchas veces al extremo de incumplir los preceptos básicos del derecho.

Un ejemplo en este sentido es el flagrante incumplimiento de la máxima legal: «Es en contra de la equidad que los hombres libres no tengan la libre disposición de sus bienes». Pero está claro que mientras exista algo llamado «impuesto», que la misma palabra define como una imposición, un acto que se realiza contra la voluntad de una persona, esta máxima está lejos de respetarse. No es que no sea justo que todos nosotros tengamos que contribuir al mantenimiento de nuestra sociedad, pero cuando los impuestos se destinan a propósitos que van en contra de nuestra consciencia, como por ejemplo para financiar guerras, pagar a la corruptela de turno, o rescatar bancos que son los responsables de la crisis que estamos atravesando actualmente, ello tiene un único nombre: expoliación pura y dura.

Las antiguas escrituras imperan: «No oprimirás a tu prójimo ni le robarás» (Lev. 19:13). Sin embargo, ni pasados unos cuantos milenios hemos llegado a cumplir tan sencillo y cuerdo precepto y más: son los propios gobiernos y administraciones del Estado los que más practican el abuso y el robo institucionalizado.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

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La igualdad ante la ley es un principio igual de antiguo que el anterior, pero tampoco se respeta en nuestra sociedad y la prueba más clara de ello es el aforamiento, una institución evidentemente contraria al mismo. En España hay 250 000 aforados, según dijo en el Congreso de los Diputados Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, el 15 de marzo de 2017, de los cuales 232 000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas, cinco pertenecen a la Casa Real y el resto de más de 17 000 pertenecen a las instituciones del Estado (políticos, funcionarios, miembros de la carrera judicial, fiscales, etcétera). Sin embargo, la figura del aforado no existe en países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, mientras que en Portugal e Italia solo es aforado el presidente de la república y en Francia, el mismo presidente y los ministros.

En base a la libertad de consciencia, el ser humano debería poder decidir si prefiere actuar bajo jurisdicción estatal, como ciudadano, o en base a la ética común, como ser vivo y según sus creencias morales, siempre y cuando no haga daño a otro ser. Pero en la práctica bien sabemos que ello es imposible debido a la fuerza coercitiva de las instituciones estatales que imponen su voluntad bajo amenazas de las más variadas. En realidad, la verdadera ley es muy simple y poco tiene que ver con los tochos de leyes y tratados que se estudian en las facultades de derecho, y establece que uno puede hacer lo que quiera, siempre que no infrinja los derechos a la vida y a la libertad, o la equidad y la pacifica posesión de la propiedad de otro. Coloquialmente, lo anterior se resume en que: tu libertad termina donde comienza la mía.

Analizando desde este ángulo, los impuestos sin el consentimiento del sujeto pasivo no son más que un robo que, junto con la inflación, que en la mayoría de los casos es provocada artificialmente y en función de los intereses de unos cuantos, conforman una impresionante masa de capital que volcamos en las arcas del Estado para fines que generalmente no son para nada sociales, sino todo lo contrario: financian conflictos bélicos y corrupción, esclavitud y enfermedad, siendo más bien una clase de «seguridad social» de los fondos buitres acreedores de los Estados-corporación, que es en lo que se han transformado gran parte de las naciones. Es inmoral, pero legal, y el efecto más visible de ello es la merma de nuestra calidad de vida en todos los aspectos.

El actual sistema oprime al ser humano más que en las eras oscuras de nuestra historia, aunque de una forma encubierta, bajo la cobertura de supuestas leyes que están lejos de lo que se podría considerar lícito o moral. Cualquiera sacaría la misma conclusión al saber que en España, por ejemplo, trabajamos de media más de seis meses al año solo para pagar impuestos⁶. Nuestras ganancias, fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, nos son robadas mediante un fraude legalizado que es el llamado impuesto sobre la renta (entre otros), que fue ideado por primera vez después de la Guerra Civil de los Estados Unidos por el presi dente Lincoln como medida provisional para la recuperación de la economía del país devastado por la guerra. Luego copiaron el modelo los demás Estados europeos.

La Constitución de los Estados Unidos, que prohibía los impuestos a la persona y a la renta, fue manipulada y posteriormente se legalizó el impuesto sobre la renta no solamente como una medida excepcional y temporal, sino de forma permanente. Luego, mediante el Acta de la Reserva Federal se estableció que dicha institución con un estatus bastante extraño, ya que es a la vez privada que pública, se hiciera con el control de la imprenta del dinero de todo el país y de lo que fue la moneda más fuerte del mundo durante mucho tiempo: el dólar. En España las cosas van peor aún, ya que los impuestos están previstos expresamente en la Constitución, pero sin que los ciudadanos tengan derecho de veto para con las leyes tributarias, pese a que una de sus consecuencias más visibles es la inflación del coste de los productos, lo cual merma la calidad de vida de todos nosotros.

Imagen de S K en Pixabay

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La Reserva Federal Americana (comúnmente conocida como la FED), el banco central de los Estados Unidos, es la institución que emite (imprime) la moneda del país en cantidades que siguen criterios muy oscuros. Lo mismo ocurre en Europa, donde dicha función es ejercida por los bancos centrales de los Estados miembros y, además, por el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). El actual reseteo del sistema monetario, en otras palabras, la crisis-estafa provocada a buena ciencia por un puñado de psicópatas de las altas esferas de nuestra sociedad es una consecuencia de lo anterior. Sin embargo, lo que se está jugando es, en realidad, la implementación generalizada de la ley mercantil a nivel global, transformando a los seres humanos en meros productos o marcas comerciales, cifras en la pantalla de un ordenador. Si bien es cierto que ello podría aumentar la dosis de libertad en nuestra sociedad porque la ley mercantil es mucho más flexible y otorga mayor capacidad de decisión a las partes, eludiendo los absurdos de muchas de las leyes estatales, en la práctica se ha demostrado que sus efectos pueden ser muy dañinos no solo para el ser humano, sino incluso para con la salud de nuestro planeta, debido a la rapacidad de las corporaciones. Por lo que, a nivel personal, pese a que soy una militante férrea de la libertad del ser humano y de su legítimo derecho de autodeterminación, considero que sustituir las actuales leyes estatales por la ley mercantil generalizada a nivel internacional sería cambiar una dictadura, la del Estado, por otra peor aún: la dictadura de las corporaciones, transformando este mundo en un Planeta Tierra S.A.

 

Camino de Libertad 1º, La Bruja del Amor y el Yonqui del Dinero, de Mónica Nita

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