TTIP y CETA

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El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en septiembre de 2017 el acuerdo CETA, que es un acuerdo comercial entre Europa y Canadá, mientras el TTIP lo es entre Europa y Estados Unidos. Estos tratados se negocian en secreto desde 2013 en la Comisión Europea, un organismo no electo cuya fama se debe principalmente a su opacidad y falta de principios democráticos en su actuación y al que en febrero de 2017 le fue mandada una carta por parte de 162 organizaciones de toda Europa, demandándole que actúe de forma más transparente y democrática. Durante las negociaciones, en casi todas las reuniones solo fueron escuchados los representantes de las corporaciones y en muy pocas ocasiones fueron invitados los representantes de los sindicatos y de las asociaciones de los consumidores. Los miles de documentos que integran los dos tratados están mantenidos en el más absoluto secreto, sigilados en una caja fuerte. Hasta hace poco ni siquiera los europarlamentarios tenían acceso a ellos, aunque actualmente se les permite analizarlos, pero en unas condiciones draconianas: son chequeados y se les quita cualquier herramienta de grabación (cámara, teléfono, etcétera), no se les permite entrar ni siquiera con hojas y bolígrafo para apuntar y el tiempo máximo permitido para el análisis del extenso documento es de dos horas. Para más inri, son obligados a firmar un documento de confidencialidad de unas catorce páginas que les advierte de que, en caso de divulgar cualquier detalle, serán castigados por las leyes penales. Tampoco les es permitido verlos en presencia de un especialista, pese a que se trata de documentos muy técnicos.

Lo poco que conocemos sobre estos tratados es bastante alarmante. A continuación, expondré algunos puntos a tomar en consideración, que he seleccionado de un informe realizado por Attac:

Los inversores (multinacionales, corporaciones) podrían demandar a los Estados europeos si consideraran que leyes o medidas de la Unión Europea o de cualquier Estado europeo hayan perjudicado sus intereses o disminuido sus beneficios. Pero más que eso: las corporaciones participarían en la redacción de las nuevas leyes estatales incluso antes de que fueran debatidas en los parlamentos nacionales, lo que socavaría gravemente la democracia, si es que alguna vez la hubo. Para más inri, sabemos que en el CETA se ha incorporado la creación de tribunales internacionales de arbitraje que permitirían a las multinacionales demandar a cualquier Estado que se atreviera a proteger más a sus ciudadanos que a sus intereses. Esos tribunales, además de ser ajenos a la normativa nacional, contarán con miembros elegidos por las corporaciones, lo cual claramente asegurará una visión tendenciosa. Dichos tratados apuestan por el modelo energético de combustibles fósiles (gas y petróleo) y se restringe a los gobiernos la capacidad de crear políticas públicas para promover las energías renovables. Los países europeos podrían ser presionados para permitir tecnologías de alto riesgo como el fracking, que se practica masivamente en Estados Unidos o Canadá, pero no tiene una buena prensa en Europa y con toda la razón del mundo, ya que es una de las técnicas más contaminantes que se conocen. Sin embargo, el periódico El País anunciaba el 14 de marzo de 2017 que «cinco empresas pusieron sus ojos en el subsuelo 159 de España a principios de esta década. Prometían que el milagro del gas esquisto de Estados Unidos podía exportarse y llegar hasta aquí. El Gobierno del PP apoyó el empleo del fracking (la técnica con la que se extrae ese tipo de gas) para rebajar la casi absoluta dependencia nacional de los hidrocarburos del exterior. Pero el fuerte rechazo social, al que se sumaron alcaldes y autonomías, y los bajos precios del gas han hecho fracasar esos planes. Las cinco empresas han renunciado a usar la fractura hidráulica». Sin embargo, los acuerdos TTIP y CETA permitirían a las empresas llevar a los gobiernos ante árbitros si regularan o prohibieran estas tecnologías de alto riesgo. Un claro ejemplo en este sentido es que en 2013 la compañía de gas y petróleo Lone Pine interpuso una demanda de 250 millones de dólares contra Canadá, después de que el estado de Quebec estableciera una moratoria sobre el fracking.

La Comisión Europea admitió en sus informes la destrucción de entre 430 000 y 1 100 000 puestos de trabajo debido a estos tratados, pero aseguró que los empleos se recuperarían reorientando la producción hacia el mercado estadounidense. Sin embargo, la realidad es que ello no es más que propaganda y el anterior acuerdo NAFTA, muy parecido a CETA y TTIP, nos sirve de ejemplo, ya que tuvo como consecuencia la reducción del empleo en más de un millón de puestos solo en Estados Unidos que nunca volvieron a recuperarse.

Attac anunciaba el 10 de noviembre de 2017 lo que ningún medio oficial de prensa había comunicado: que CETA había sido aprobado en España como primicia a nivel europeo. El Congreso de los Diputados lo aprobó a finales de junio con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDECat. Votaron en contra Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. El PSOE de Pedro Sánchez se abstuvo. El 27 de octubre de 2017, CETA fue ratificado también por el Senado. Una de las consecuencias de lo anterior es que, incluso si el TTIP fuese rechazado, en España sí entrarán no solo productos canadienses, sino también norteamericanos, ya que la mayoría de las corporaciones estadounidenses tienen filiales en Canadá que podrán entrar en nuestro mercado por medio del CETA. Attac advierte de que, pese a que la legislación europea es bastante proteccionista respecto a las sustancias químicas, en Estados Unidos y Canadá hay más de treinta mil que aquí están prohibidas y que podrían entrar en nuestros mercados junto con alimentos tratados con pesticidas y hormonas actualmente no permitidas en la Unión Europea. Además, ni siquiera lo sabríamos, porque en Canadá no existe la obligación de mencionarlo en la etiqueta, a diferencia de Unión Europea.

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